Informativo Administrativo

Publicado el 27/09/2018

Áreas de Práctica: Administrativo y Regulatorio

El  22 de septiembre se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo Nº 212-2018-EF (en adelante, el “Decreto Supremo”), que modifica el Reglamento de la Ley Nº 29230 (en adelante, el “Reglamento”), Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobado por Decreto Supremo Nº 036-2017-EF.

 

Las principales novedades de la norma bajo comentario son las siguientes:

 

  • Se amplía el ámbito de aplicación del Reglamento a otras entidades públicas que estén autorizadas por ley a desarrollar proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. 
  • Con relación a las funciones de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, se agregan las siguientes: (i) la facultad de emitir opiniones vinculantes, exclusiva y excluyente sobre la interpretación y la aplicación de la Ley, el Reglamento y sus normas complementarias, (ii) solicitar información a las Empresas Privadas que utilicen el mecanismo de obras por Impuesto. Asimismo, se dispone que las Empresas Privadas deben permitir el acceso de la Contraloría General de la República al cuaderno de obra y a la documentación relacionada al proyecto.
  • Se establece que la Empresa Privada puede solicitar a la Entidad Pública la actualización de los proyectos que se encuentren viables en el marco del Invierte.pe para su priorización. 
  • Asimismo, se regula el procedimiento para que las Empresas Privadas soliciten la actualización de un proyecto que ya se encuentre viable en el marco del Invierte.pe, lo cual no se aplica si se trata de un proyecto propuesto por el sector privado. Como puede apreciarse, la norma no considera lo siguiente: (i) Si la actualización es solicitada por una empresa diferente a la que propuso el proyecto originalmente; (ii) si el paso del tiempo u otros factores hacen necesaria la actualización del proyecto en el marco del Invierte.pe; o, (iii) si la empresa privada que propuso el proyecto originalmente desistió de su desarrollo.
  • En el numeral que regula el rechazo de los proyectos propuestos por el sector privado se establece que si la Entidad Pública declaró viable el proyecto, ésta reconoce a la Empresa Privada los gastos incurridos por la elaboración de la ficha técnica y/o el estudio de preinversión, con cargo a sus recursos institucionales en el año fiscal en el que se declara tal viabilidad. Esto es una novedad toda vez que previamente sólo se devolvían dichos gastos cuando el proyecto se ejecutaba por otra modalidad diferente a Obras por Impuestos.
  • Se establece que el monto a ser reembolsado por la elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión no debe exceder del 2% del monto de inversión del proyecto, lo cual es un cambio importante considerando que en la versión previa del Reglamento el límite era del 5%. Asimismo, se establece el límite de reembolso para casos de actualización, el cual asciende a 1% del monto total del proyecto actualizado. 
  • Otra novedad en lo que respecta al reembolso de los costos de elaboración de la ficha técnica o los estudios de preinversión es que no se establece supuestos en los que no procede la devolución de los mismos (anteriormente, no se devolvía el costo de elaboración cuando: (i) el Proyecto era rechazado; (ii) cuando la Empresa Privada que propuso el Proyecto no se presentaba al proceso de selección correspondiente; o; (iii) se presentaba con una propuesta inválida).Sin embargo, sí se prevé la no procedencia del reembolso en casos de actualización, cuando la Empresa Privada que actualiza el proyecto no se presente al proceso de selección correspondiente o se presente con una propuesta inválida.
  • En adición a la regulación preexistente respecto de las garantías a ser presentadas por la Empresa Privada, se establece que si ésta financia la elaboración del expediente técnico, puede presentar una garantía de fiel cumplimiento del cuatro por ciento (4%) del monto de dicha obligación y otra por el cuatro por ciento (4%) del monto de la ejecución de la obra.
  • Se precisa que las variaciones y/o modificaciones que resulten de los incrementos y/o deductivos durante la fase de ejecución, que modifiquen el monto total de inversión serán reconocidos hasta el treinta por ciento (30%) del monto total de inversión considerado en el convenio inicial, en caso cuente con expediente técnico aprobado al momento de su suscripción; y, hasta el cincuenta por ciento (50%) considerado en el convenio inicial, en caso no cuente con expediente técnico aprobado al momento de su suscripción.   La versión previa del Reglamento no hacía esta distinción, toda vez que únicamente regulaba que las variaciones por mayores trabajos de obra no deben exceder el 50% del monto total de inversión considerado en el Convenio inicial.
  • Se agregan dos causales de resolución del convenio por parte de la Empresa Privada: (i) La Entidad Pública no contrate los servicios de la entidad privada supervisora mediante la modalidad de contratación directa establecida en el reglamento, dentro del plazo de 60 días calendarios. (ii) Se superen los montos máximos para las variaciones y/o modificaciones al convenio inicial que resulten de los incrementos y/o deductivos durante la fase de ejecución, señalados anteriormente.  Asimismo, se elimina la posibilidad de que cualquiera de las partes pueda resolver el convenio por incumplimiento de las disposiciones sobre los límites de emisión del CIPRL o CIPGN que imposibilite de manera definitiva la continuación del Convenio. 
  • Se regulan las pautas para la aplicación del mecanismo de asociación público-privada a los proyectos de Inversión realizados en el marco de la Ley Nº 29230. Entre estas se establece que para la formulación, estructuración y transacción de la asociación público privada, se aplica el Proceso simplificado regulado en el D.L. 1362. Es importante notar que las asociaciones público privadas se activan una vez que culmina la obra ejecutada por el mecanismo de Obras por Impuestos.
  • Se establecen los requisitos formales y el procedimiento para la solicitud de ejecución de proyectos de inversión en saneamiento de las empresas prestadoras de los servicios de saneamiento. Entre ellos encontramos al contenido mínimo del convenio de cooperación institucional suscrito entre SEDAPAL y el MVCS. 

 

En caso necesiten información adicional y/o realizar alguna consulta respecto al contenido del presente Informativo Legal, pueden contactar a Milagros Maraví mmaravi@rubio.pe, Arturo Ruiz aruiz@rubio.pe y/o Milagros Mendoza mmendoza@rubio.pe.